Desde los años ochenta el Estado ha "engordado" de 800.000 funcionarios a más de 3.200.000. A esto hay que añadir el dato de que los sueldos en la Administración han subido más que en el sector privado y también hay que contar que esos funcionarios utilizan edificios e infraestructuras y consumen recursos que cuestan ingentes sumas de dinero.
Una rémora para el crecimiento
No sólo eso sino que tantos funcionarios suponen duplicidades de procedimientos y más burocracia lo que implica un perjuicio añadido para el resto del sistema productivo. El asombroso gasto de todo este monstruoso sistema administrativo lo paga el resto de ciudadanos. La parte de la sociedad realmente productiva es la que está sosteniendo este Estado elefantiasico hiperdesarrollado.
Cargos electos
Pero donde el Estado ha crecido como un tumor maligno no es tanto en el número de funcionarios como en la cantidad de cargos electos. Su número no tiene parangón con los países de nuestro entorno, en Alemania que también cuesta con un estado descentralizado federal tienen menos de 200.000 cargos electos mientras que en nuestro país son 400.000 y eso que el estado teutón cuenta con ochenta millones de habitantes, el doble que en España.
Más impuestos
Lo que hace el gobierno de Mariano Rajoy cuando sube los impuestos, sobre todo el IRPF, es aumentar el drenaje de recursos de la parte productiva de la sociedad a la improductiva en una suerte de darwinismo inverso (esto también lo ha hecho el gobierno con los bancos, sosteniendo a las instituciones quebradas a toda costa).
Menos ingresos
El déficit del Estado se situó en 38.607 millones de euros hasta junio en
términos de contabilidad nacional, el 3,64% del pib, frente a los 4.600 millones
del mismo periodo del año pasado. los 38.607.000 son el resultado del
aumento del 20% en los gastos, hasta los 85.840.000, casi el doble de lo
recaudado, 47.233.000 de euros.
Redimensionar el Estado
Si Rajoy pusiera en la calle al menos a la mitad de los diputados y representantes del Estado central y los autonómicos amén de los concejales de las administraciones locales, el ahorro sería enorme y tendría efecto inmediato puesto que los cargos electos no tienen derecho a paro lo que no se puede decir de los funcionarios. La solución es fácil pero ¿tendrá Mariano el arrojo que hay que tener?
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